Julio 11, 2020

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Ajuntament d'EivissaEl Ayuntamiento de Eivissa pone en marcha un primer paquete de medidas fiscales con el fin de paliar los efectos negativos del COVID-19 entre las empresas y personas emprendedoras. Se calcula que las medidas aportarán liquidez por valor de 5 millones de euros.

El Ayuntamiento de Eivissa, en coordinación con el resto de los ayuntamientos de la isla y de mutuo acuerdo con el Consell de Eivissa, ha puesto en marcha toda una serie de medidas dirigidas a reducir el impacto que supone la parada económica derivada de la declaración del estado de Alarma por el COVID-19.

Estas primeras medidas fiscales prevén la exoneración a particulares y empresas de la parte proporcional de cánones y tasas repercutidas y que no se han podido hacer por el Estado de Alarma.

Entre ellas podemos destacar, la exoneración de la parte proporcional de la tasa municipal de las basuras a los establecimientos con la actividad afectada mientras dure el Estado de Alarma, la exoneración de la parte proporcional de la Ocupación de la Vía Pública durante este mismo periodo y la ampliación del periodo voluntario de cobro de tributos periódicos hasta el 2 de noviembre con posibilidad de fraccionamientos.

El alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz, ha explicado que 'este es un primer paquete de medidas económicas que ponemos en marcha. Nuestro objetivo es continuar dando respuestas a la ciudadanía, respuestas sociales y económicas, dirigidas a paliar los efectos negativos de esta crisis sanitaria entre las personas y también entre el tejido empresarial de nuestra ciudad. Este primer paquete de medidas supone dar liquidez a las empresas de nuestra ciudad por valor de 5 millones de euros'.

Otras medidas económicas son también la exoneración de la parte proporcional del pago otros servicios, en caso de que se hayan pagado de forma anual, como las escoletes municipales y el uso de las instalaciones deportivas municipales.

El Ayuntamiento de Eivissa prioriza en sus actuaciones durante esta crisis motivada por el COVID-19, el incremento de las partidas destinadas a las familias y colectivos vulnerables, el mantenimiento del periodo de pago a los proveedores, que actualmente se fija en 4 días, y la creación de una mesa de diálogo para elaborar planes de dinamización turística, comercial e industrial.